Por: AGUSTÍN CASTILLA
CIUDAD DE MEXICO (La Silla Rota).- A partir del ejemplo que dio el Instituto Nacional Electoral al posponer la construcción de un edificio para el cual ya tenía asignado el presupuesto de 1,070 millones de pesos que le otorgó la Cámara de Diputados, reducir el salario de los consejeros y altos funcionarios al igual que algunas otras prestaciones como teléfonos celulares y vales de gasolina – lo que me pareció una medida sensata y responsable ante tanta turbulencia económica y social-, se ha desatado una cascada de anuncios de diversas instituciones públicas y gobiernos estatales para realizar ajustes a sus presupuestos atendiendo al justificado reclamo de la ciudadanía.
Por supuesto que con ello no se alcanzan a cubrir los aproximadamente 280 mil millones de pesos que se requieren para sustituir los ingresos que recibirá el gobierno con el incremento al impuesto de la gasolina, pero es un punto de partida y tampoco resulta cosa menor el mensaje que los actores políticos manden a la ciudadanía sobre todo cuando su imagen está tan deteriorada.
Ahora habrá que ver si efectivamente se hace un esfuerzo que responda a las difíciles circunstancias por las que atravesamos, en qué casos realmente se impone la austeridad y se eliminan los privilegios que tanto agravian a la sociedad -como el ya referido del INE o del Gobierno de Chihuahua-, y en cuales se trata tan sólo de medidas cosméticas para tratar de apaciguar los ánimos.
Además, debemos ser muy cuidadosos en que, por la presión social, no vayan a adoptar decisiones populistas que puedan tener impacto en los servicios públicos o provoquen mayor desempleo. Algunos organismos empresariales como Coparmex y legisladores de los principales partidos de oposición han hecho algunos planteamientos para hacer un ajuste de fondo en las finanzas públicas, que deben ser analizados con toda la seriedad del caso.
Aunque no olvidemos que supuestamente en eso consistía el “presupuesto base cero” presentado en 2015 por el entonces Secretario de Hacienda Luis Videgaray que por lo visto resultó un fiasco, ya que incluso en varios rubros el gobierno federal se excedió en el gasto público respecto a lo autorizado por el Congreso.
Es cierto que el gobierno gasta mucho, gasta mal y debe ser corregido, pero me parece que no debemos perder de vista que quizá lo que más erosiona las finanzas públicas es la corrupción imperante cuyo costo se ha llegado a calcular en 1.5 billones de pesos, y un ejemplo claro es el del ex gobernador de Veracruz que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se han presentado 60 denuncias por desvíos de alrededor de 60 mil millones de pesos. Este es el caso más visible y quizá más grave, pero si sumáramos los desvíos en otras entidades o municipios del país seguramente arrojarían cifras estratosféricas.
También habría que preguntarnos cuántos recursos destinados a programas sociales -tan sólo programas federales son aproximadamente 950 mil millones de pesos- se quedan en manos de intermediarios o se canalizan a campañas políticas, por lo que no llegan a sus supuestos beneficiarios que es la población más vulnerable. Este es el problema de fondo y si no lo enfrentamos, cualquier recorte será siempre insuficiente y las consecuencias las seguirá padeciendo la ciudadanía.
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