Impunidad en México: la visión internacional

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RICARDO MEJÍA BERDEJA

La impunidad y la violencia no se resuelven desacreditando a quienes la critican

La política del avestruz de esconder la cabeza frente a los problemas no solamente no disuelve las complicaciones sino que las magnifica. En este año 2017 la violencia criminal ha crecido brutalmente en el país, exhibiendo las fallas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, multiplicando la impunidad y el desamparo ciudadano.

No obstante que los recursos presupuestales en materia de seguridad pública se han incrementado exponencialmente en el país, duplicándose en diez años, es claro que esta inversión no ha rendido los frutos esperados. En efecto, como lo señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la suma del gasto en materia de seguridad pasó de 139 mil millones de pesos en 2006 a 277 mil millones de pesos en 2016, lo que implica que el gasto en esta materia creció “ a un ritmo ligeramente mayor que el gasto neto del gobierno federal”.

Estos recursos que se han manejado con opacidad y que son parte de un forcejeo entre niveles de gobierno no han generado avances, al contrario la violencia cada día es mayor. Las cifras son demoledoras y la realidad es inocultable, el crecimiento de los homicidios dolosos, de los robos, las extorsiones, los asaltos, los secuestros y, en general, el empoderamiento de la delincuencia organizada en diferentes regiones y entidades federativas nos hablan de un Estado incapaz de proporcionar seguridad y protección a la población que es su principal función, acercándonos peligrosamente a un Estado fallido.

No se han depurado y limpiado las policías, los delitos que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la sanción a quienes permitan el nombramiento y la permanencia de policías, peritos o ministerios públicos no certificados o reprobados en exámenes de control y confianza son letra muerta porque ministerios públicos corruptos, negligentes e irresponsables eluden su obligación de investigar las denuncias, haciendo hasta ahora de esta ley letra muerta.

Gobernadores le echan la culpa de su ineficacia para combatir el crimen al nuevo sistema acusatorio penal, cuando prefieren seguir en el clientelismo que resolver problemas estructurales complejos como la creciente delincuencia, manteniendo policías infiltradas, relegando la seguridad a tercer término en su agenda pública y esperando que las Fuerzas Armadas hagan lo que ellos no tienen voluntad de hacer.

La federación por su parte carece de liderazgo, su limitado margen de maniobra y la corrupción imperante, le resta autoridad moral para presionar democráticamente a gobiernos estatales y municipales para asumir las tareas que les corresponden en materia de seguridad pública, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

En ese contexto recientemente se presentaron diferentes hechos que ilustran que los ojos del mundo y especial de los Estados Unidos de América (gobiernos, medios y fundaciones) han puesto mayor atención en la impunidad y violencia creciente en México. Más allá de desgarrarse las vestiduras con falsas proclamas patrióticas o denunciar conspiraciones, es evidente que en la aldea global que vivimos los indicadores de violencia y afectaciones a los derechos humanos trascienden la esfera nacional.

En la última alerta de viajes a México que emitió el gobierno de los Estados Unidos prohíbe a sus funcionarios gubernamentales viajar a algunos lugares del país por la delincuencia prevaleciente, en el caso del Estado de Guerrero desafortunadamente esta restricción es en todo el territorio estatal, destacando como una de las razones los grupos de autodefensa que operan en diferentes lugares de la entidad, a quienes califica de hostiles a la gente foránea o turista.

En estos días por su parte el influyente medio The Washington Post publicó un reportaje donde cataloga a Acapulco como la “capital de los homicidios en México” y describe la violencia criminal, la extorsión, también conocida como cobro de piso, y los asesinatos cotidianos que se cometen en un clima de anarquía y vacío de autoridad.

De igual manera, la Fundación Open Society actualizó la información de su informe: “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México” en un foro organizado en la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, donde dio como dato que en Guerrero por cada 100 delitos que se cometen 97 permanecen en la impunidad, dato demoledor que se suma a la cifra negra de delitos no denunciados.

Es así, que en lugar de cuestionar al mensajero, hay que atender el mensaje. La impunidad y la violencia no se resuelven desacreditando a quienes la critican y visibilizan sino atendiendo sus causas y combatiendo con inteligencia y estrategia a quienes la propician. Nos guste o no, somos parte de una comunidad internacional y debemos hacer todo lo que nos corresponda para mejorar la situación imperante.

En primer término, se debe impulsar contar con gobiernos limpios, desprovistos de vínculos delincuenciales y que con decisión y firmeza coloquen a la seguridad ciudadana en el centro de la agenda pública, sino es así seguiremos siendo señalados internacionalmente y la población seguirá padeciendo esta violencia que tanto nos lastima.