El Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) propuso un plan de austeridad para el gobierno federal que sumado a la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos para 2018, ahorraría 60 mil millones de pesos. Ese dinero se destinaría a un fondo de reconstrucción de infraestructura dañada por el sismo del 19 de septiembre.
Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y los dirigentes nacionales de los tres partidos detallaron que el plan de austeridad propone limitar la publicidad del gobierno federal, reducir 50% el personal contratado por honorarios y altos mandos, así como eliminar los seguros de gastos médicos mayores, oficinas alternas de servidores públicos, pago de teléfonos celulares y gasolina.
No obstante, advirtieron que el fondo debe tener una contraloría ciudadana, pues no hay confianza en el manejo de recursos por parte del gobierno federal.
Lo único que pedimos y se convierte hoy en una exigencia es que nos aseguremos que ese dinero verdaderamente llegue a la gente que lo necesita. Sería absolutamente inaceptable que políticos corruptos, como ya ha ocurrido en nuestro país, se robaran los recursos que son de la gente, que son de los ciudadanos”, destacó el panista Ricardo Anaya.
La propuesta, que presentarán los diputados, añade una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que cualquier adecuación presupuestal que realice el gobierno federal que sea mayor a 5% de un ramo a otro, deba ser aprobada por la Cámara de Diputados, con lo que se evitarían los sobre ejercicios presupuestales en rubros que no se justifican, como la publicidad gubernamental.
El Frente opositor pidió, además, despolitizar el apoyo a los afectados por el sismo.
Le hacemos un llamado a las fuerzas políticas a despolitizar todo este planteamiento que, de verdad, es muy lamentable que parezca más una subasta de a ver quién da más; es el dinero de la gente”, resaltó Alejandra Barrales.
Por separado, Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena, presentó una iniciativa para crear el Fondo para la reconstrucción y atención a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017, para que se redistribuya parte del presupuesto para crear una bolsa de 302 mil millones de pesos, “no migajas, no pichicaterías, no dádivas”; sino un programa eficiente.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.