WASHINGTON (Excelsior).- Más de 50 mil armas estadunidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales de 15 países entre 2014 y 2016.
Así lo mostró un estudio del Center for American Progress publicado este viernes en Washington.
Una quincena de países de Norteamérica, Centroamérica y Caribe recolectaron un total de 50 mil 133 armas de fuego involucradas en la actividad criminal de su entorno y procedentes de EU durante este período.
El informe se titula “Más allá de nuestras fronteras: Cómo la débil regulación de armas de EU contribuye al crimen violento en el extranjero”.
Muchas de esas armas fueron exportadas legalmente y no fueron concebidas para el crimen hasta que cruzaron la frontera, ya que EU es uno de los grandes exportadores de armas de fuego a nivel mundial con una media de casi 300 mil vendidas a otros países cada año.
El texto, sin embargo, pone el foco en los vacíos legales y la laxitud de las normas estadunidenses en esta materia que contribuyen al tráfico ilegal de armas en su territorio, pero que también favorece a que este se dé más allá de sus límites en estados cercanos.
Entre los casos más destacados, el estudio recoge el de un grupo que compró en 2015 un centenar de armas mediante el llamado método de “compra fantasma”, que es cuando un comprador adquiere un artilugio en aras de traspasarlo a un tercero en Texas para luego llevarlas a México.
Con objeto de revertir esta situación, el centro de pensamiento progresista incidió en la aplicación de algunos mecanismos como establecer revisiones universales y obligatorias del historial de la persona que quiera adquirir un arma.
Otro de los consejos que ofrece es considerar como un delito federal el tráfico de armas y el método de “compra fantasma”.
También, acabar con los esfuerzos por debilitar la revisión de las exportaciones de armas, en referencia a la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump cambiara esta competencia del Departamento de Estado al de Comercio.
El estudio señala directamente a la Administración y los legisladores, ya que, según indica, tienen una obligación moral de actuar para fortalecer las regulaciones de armas en un esfuerzo por mejorar la seguridad pública dentro y fuera de EU.