Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la iniciativa de Reforma Eléctrica que se analiza en Cámara de Diputados equivale a una regresión histórica a la década de los sesentas del siglo XX que no es compatible la situación actual de México en términos de población y economía.
“El consumo eléctrico ha crecido 30 veces más que el que teníamos en aquella época y el cambio climático nos ha forzado a actuar con urgencia para mitigar sus consecuencias”, dijo.
Negó que también sea una postura contraria al gobierno federal y que aplauden la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que la iniciativa presidencial no fortalece ni cumple con actuales necesidades energéticas del país.
“Esta propuesta no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos. La CFE no va a desaparecer ni está en riesgo su existencia, lo demuestran sus resultados financieros”, argumentó. Y aseguró que en las etapas de la producción de la electricidad tanto la transmisión como distribución son monopolios del Estado y que CFE no ha invertido en la etapa de transmisión.
Defendió que a mayor oferta implicará un costo más económico por la energía. Y aseguró que el subsidio al suministro básico equivalió en 2021 a 71 mil millones de pesos.
Planteó que se requiere “un debate genuino” porque a la fecha el tema sólo se ha llevado al tema de la discusión política.
“Algunos jugadores políticos han señalado que las empresas han operado ilegalmente. Esto no es cierto lo hemos dicho siempre que se castigue a quien haya violado la ley no se requiere una Reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos”, dijo.
“La participación privada en el sector eléctrico ha generado avances incuestionables” afirmó. Enlisto que las empresas accedieron a suministro eléctrico más competitivo, que la CFE se benefició y que el capital extranjero sí benefició la infraestructura eléctrica.
Mariana Campos de la organización México Evalúa afirmó que tras el análisis realizado no hay dinero que alcance para esta Reforma Eléctrica y negó que esto resuelva los retos del sector o fortalezca a la CFE.
“Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios y pagos de indemnizaciones valorados en más de 60 mil millones de dólares por CFE un 20 % de nuestro presupuesto público”.
Destacó que México, independientemente del partido que lo gobierne, tiene un gobierno pobre porque solo recauda el equivalente al 16 % de su producto interno bruto mientras que en otros países es del 23%.
“Tenemos un país con un presupuesto limitado”, dijo. Destacó que el pago por subsidio eléctrico es alto y que la mayor parte del presupuesto se destina a pensiones lo que afecta la distribución de ingresos en sectores como salud y educación.
Afirmó que desde agosto el gobierno dejó de subsidiar a CFE y que eso significa que el gobierno no tiene recursos para capitalizar la empresa.
Agregó que la iniciativa no va acompañada de un plan de financiamiento claro y viable, y que si lo hubiera debería incluir una Reforma Fiscal para aumentar la recaudación y dar más recursos a la Comisión.