HIDALGO (La Silla Rota).- A cambio de pruebas de corrupción en el sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Carlos Becerril Vargas, ex director de la Coordinación Financiera y Planeación de esa dependencia, acusado de negociaciones indebidas en agravio de la Administración Pública Estatal por 500 millones de pesos, fue liberado anoche del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, después de seis días en reclusión como medida cautelar.
Aunque el funcionario del gobierno priista de José Francisco Olvera Ruiz fue vinculado a proceso, logró evadir la prisión, ya que la jueza de la causa penal 84/2017, Mirian Verónica Luna Alcocer, ponderó durante la continuación de la audiencia que, aunque tuvo conocimiento de movimientos financieros irregulares, no incurrió en desvíos.
Como el grado de participación de Becerril Vargas es en coautoría, y el delito que se le imputa no es tipificado como grave, acordó coadyuvar con la autoridad para resolver el caso.
“Está demostrado que él participa, presuntamente, en los hechos de corrupción en Radio y Televisión. Posteriormente, él le ofrece al estado aportar elementos de prueba para poder resolver delitos mucho más graves de los que actualmente se le imputan a él, y se le ofreció un criterio de oportunidad; es decir, él va a estar libre porque va a aportar pruebas para poder castigar a otras personas con delitos mayores”, informó el representante legal del sistema agraviado, Carlos Emigdio Arozqueta.
Para que el inculpado pudiera acceder a este mecanismo, precisó, debía cumplir con dos requerimientos: “ser delincuente: aceptar que participa en el ilícito y, después, demostrar que tiene la información para que se compruebe un crimen mayor”.
Los nombres de quienes ahora son señalados, añadió, están bajo reserva para no entorpecer investigaciones.
La defensa, por su parte, dijo desconocer si un segundo implicado en la causa es Sergio Islas Olvera, ex director de RyTVH, y jefe directo de su cliente.
En entrevista durante el receso de la audiencia en los Juzgados penales de juicios orales de la capital, el abogado David Solís Hernández reconoció que hubo irregularidades administrativas, pero, insistió, no de índole penal. Por lo tanto, consideró que no debía emitirse auto de vinculación a proceso.
Dijo que en el dictamen de contabilidad que emitió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 104 contratos no cuentan con documentación que acredite una investigación de mercado, “pero eso no implica que haya un menoscabo patrimonial, simplemente no se satisficieron algunos requisitos”, expuso.
El litigante argumentó que “se ha demostrado perfectamente que no hay ninguna cuestión que se atribuya como desvío de fondos”; asimismo, refirió que el Comité de Adquisiciones de la dependencia autorizó todos los gastos, cuyos documentos, afirmó, integraron a la carpeta de investigación.
Víctor Hugo Martínez Vega, también defensor del acusado, especificó que no comprobaron malversación, y que la presunta responsabilidad de Carlos Becerril es por negociaciones indebidas, que no alcanza alta penalidad.
“Lo que es importante dejar en claro es que él no tiene ningún beneficio porque no se haya demostrado culpabilidad; él opta por mejor colaborar”, reiteró Emigdio Arozqueta, quien presentó los elementos probatorios en su contra.